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Amnistía Internacional alerta en un nuevo informe de estrategias de Ortega para silenciar a cualquier costo la critica y el disenso.
Detenciones arbitrarias, la creación de cargos falsos y penas judiciales sin justificación son algunas de las tácticas que Amnistía Internacional ha identificado como herramientas de coacción empleadas por el Gobierno del presidente Daniel Ortega para acallar las voces críticas en Nicaragua.
El país está sumido en una profunda crisis política y social desde 2018, cuando Ortega desató una brutal represión contra las manifestaciones que exigían el fin de su mandato. “Las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios. A finales de noviembre de 2020, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria”, alerta Amnistía.
En el informe, publicado este lunes, el organismo denuncia las que ha calificado como “tácticas” del régimen que lidera el exguerrillero sandinista para “ahogar” la disidencia en Nicaragua.
Además de las detenciones arbitrarias y la manipulación del sistema judicial, Amnistía ha identificado la aprobación de leyes que castigan a las organizaciones de la sociedad civil y anulan las posibilidades electorales de la oposición de cara a las elecciones previstas para el próximo año.
Además, ha denunciado la “muerte civil” de opositores, en referencia a la persecución y acoso contra personas que fueron encarceladas y luego liberadas en una cuestionada amnistía aprobada por el Parlamento, controlado por Ortega. “Tanto ellas como sus familias sufren actos de agresión, intimidación y hostigamiento por parte de la policía, de las fuerzas parapoliciales o de redes de control local vinculadas con el gobierno. El recrudecimiento del hostigamiento contra personas excarceladas constituye una de las tácticas que han caracterizado la represión estatal”, advierte el informe.
Amnistía Internacional presenta su investigación una semana después que Naciones Unidas denunciara al régimen de Daniel Ortega por cometer arrestos, violaciones y torturas a disidentes políticos en Nicaragua. En su informe, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) catalogó de “deficiente” la respuesta gubernamental ante 14 recomendaciones que hizo al régimen de Managua de cara a solucionar la crisis política. Advirtió también de que en el país centroamericano se siguen cometiendo violaciones a las libertades civiles
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