El primer ministro Justin Trudeau ha invocado la Ley de Emergencias por primera vez en la historia de Canadá, como medida contra las protestas de los convoys. La ley otorga al gobierno federal el poder de prohibir las reuniones públicas en áreas específicas, tomar el control de los servicios públicos que considere necesarios para hacer frente a la situación y emitir multas y penas de prisión para quienes violen las órdenes públicas. Sin embargo, Trudeau dijo que no usará la Ley de Emergencias para llamar al ejército.
Las manifestaciones han atascado el centro de Ottawa y varios cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos durante más de dos semanas.
Al decir que “esta no es una protesta pacífica”, Trudeau dijo el lunes que es evidente que existen “serios desafíos” para que las fuerzas policiales hagan cumplir la ley.
“Los bloqueos están perjudicando nuestra economía y poniendo en peligro la seguridad pública. Las cadenas de suministro críticas se han interrumpido. Esto está perjudicando a los trabajadores que dependen de estos trabajos para alimentar a sus familias”, agregó.
Trudeau dijo que el alcance de estas medidas será "limitado en el tiempo, geográficamente específico, razonable y proporcional a las amenazas que se deben abordar".
El gobierno designará lugares e infraestructura seguros y protegidos que son fundamentales para la economía y para los trabajos de las personas, incluidos los cruces fronterizos y los aeropuertos.
"No podemos y no permitiremos que continúen las actividades ilegales y peligrosas".
La Ley de Emergencias también permitirá que el gobierno se asegure de que se brinden los servicios esenciales, por ejemplo, para remolcar los vehículos que bloquean las carreteras.
“Además, las instituciones financieras estarán autorizadas o dirigidas a prestar servicios esenciales para ayudar a abordar la situación, incluso regulando y prohibiendo el uso de la propiedad para financiar o apoyar bloqueos ilegales. Finalmente, se le permitirá a la RCMP el hacer cumplir las ordenanzas municipales y las defensas provinciales donde sea necesario”.
El gobierno federal también está ampliando el alcance de las normas contra el lavado de dinero para cubrir los sitios de financiación colectiva. La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, dijo que dichos sitios se utilizan para apoyar los bloqueos ilegales.
Ella mencionó que ahora deberán informar sus movimientos al Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC),agregando que la medida, que se hará permanente, permitirá a FINTRAC poner más información a disposición de la policía y otras agencias de cumplimiento.
Freeland, quien también es viceprimera ministra, también emitió una advertencia muy directa a los conductores de camiones comerciales que participan en la protesta: “Si su camión se usa en estos bloqueos ilegales, sus cuentas corporativas serán congeladas”.
Trudeau dijo que el gobierno federal no está suspendiendo los derechos fundamentales ni anulando la Carta de Derechos y Libertades.
“No estamos limitando la libertad de expresión de las personas o su derecho a las reunión pacífica. No estamos impidiendo que la gente ejerza su derecho a protestar legalmente”.
Esta es la primera vez que se invoca la Ley de Emergencias desde su creación en la década de 1980, cuando reemplazó la Ley de Medidas de Guerra, que fue invocada por el ex primer ministro y padre de Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, para la Crisis de Octubre, cuando los políticos estaban siendo secuestrados.
El viernes, la provincia de Ontario declaró el estado de emergencia en respuesta a los bloqueos.
“Esa fue la decisión más responsable y de carácter necesario”, dijo Trudeau el lunes.
Trudeau consultó con los premiers sobre el uso de la Ley de Emergencias en los primeros días de la pandemia de COVID-19 hace casi dos años; pero ha dicho en repetidas ocasiones que no era necesario porque los poderes para abordar la pandemia ya estaban establecidos.
La Ley de Emergencias reemplazó a la Ley de Medidas de Guerra en 1988 y es más limitada en lo que puede hacer, incluida la necesidad de supervisión parlamentaria. Todas las medidas invocadas en virtud de la Ley de Emergencias también deben cumplir con la Carta de Derechos y Libertades.
ARTÍCULO POR: DENISE WONG, CORMAC MAC SWEENEY
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN POR: ELIANA GONZÁLEZ
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