Una granja de Ontario donde un brote de COVID-19 afectó a más de 200 trabajadores, incluido un hombre de México que luego murió, ahora enfrenta 20 cargos luego de una inspección del Ministerio de Trabajo provincial.
Los cargos presentados ante el Tribunal de Justicia de Ontario en virtud de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional dicen que Scotlynn Sweetpac Growers Inc. y su propietario, Scott Biddle, no tomaron "todas las precauciones razonables" para proteger a los trabajadores de la infección por COVID-19 en la granja de vegetales en Vittoria, ubicada a unos 75 kilómetros al sur de Hamilton.
Decenas de trabajadores dieron positivo por COVID-19 en un brote en la primavera de 2020. Juan López Chaparro, un mexicano de 55 años, murió en junio de ese año después de trabajar en la granja.
Los cargos, que no han sido probados en la corte, dicen que la finca y su dueño no protegieron a los trabajadores de las siguientes maneras:
Los trabajadores no fueron informados sobre la necesidad de usar mascarillas.
Los trabajadores no tenían acceso a instalaciones de higiene para las manos.
Hubo una falta de limpieza en las superficies táctiles.
Los trabajadores con una mayor probabilidad de transmitir COVID-19 y aquellos que mostraban síntomas no recibieron información o instrucciones para aislarse por sí mismos.
Chaparro, como miles de trabajadores que vienen a Ontario cada temporada de cultivo, estaba en Canadá como parte del Programa federal de trabajadores agrícolas de temporada, que permite a los agricultores contratar trabajadores extranjeros temporales.
Un trabajador de Scotlynn Sweetpac, Luis Gabriel Flores, fue despedido después de hablar sobre las condiciones en la finca. Él era el compañero de litera de Chaparro.
La Junta de Relaciones Laborales de la provincia ordenó a Scotlynn Growers pagar a Flores $ 20.000 en salarios perdidos y $ 5.000 en daños.
Los trabajadores migrantes suelen vivir en viviendas comunales con cocinas y baños compartidos, condiciones que los funcionarios de salud y los defensores de los trabajadores migrantes habían advertido, antes del brote, podían crear condiciones inseguras en una pandemia. Los defensores dijeron que las familias de los trabajadores dependen del dinero que ganan en Canadá y que muchos no hablan por temor a perder sus trabajos y la capacidad de ganar dinero durante la temporada.
Karen Cocq, quien forma parte del grupo Migrant Workers Alliance for Change, dijo que los cargos deberían haber llegado mucho antes de un año después de la muerte de Chaparro.
"[La demora] significa que los sistemas que tenemos actualmente, que se supone que deben hacer cumplir las leyes y proteger a los trabajadores, claramente no están funcionando", dijo.
Cocq dijo que el caso que involucra a Chaparro marca la primera vez que un empleador de Ontario ha sido acusado en respuesta a la muerte de un trabajador debido a un brote de COVID-19.
La sección de sanciones de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional enumera las posibles sanciones que van desde sentencias de cárcel de hasta un año y multas de hasta $ 1,5 millones.
ARTÍCULO POR: ANDREW LUPTON
FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE LA FAMILIA DE CHAPARRO
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN POR: ELIANA GONZÁLEZ
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