A partir del 1 de enero de 2023, entrará en vigencia una nueva prohibición que evitará que ciertos no residentes compren propiedades residenciales en Canadá.
Esta ley es un intento de los federales de regular los altos precios en el mercado inmobiliario de Canadá.
La prohibición tendrá una duración de dos años. Sin embargo, hay algunas excepciones a esto.
¿Quién tiene prohibido comprar una casa en Canadá?
Según la Corporación Hipotecaria y de Vivienda de Canadá, esta prohibición se aplica a todos los "no canadienses".
Esta ley lo considera "no canadiense" si no es ciudadano canadiense, residente permanente o una persona registrada bajo la Ley India.
No solo eso, sino que esta prohibición también se aplica a las corporaciones que son de propiedad privada, que no tienen su sede en Canadá o que están dirigidas por un extranjero.
Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla. Los residentes temporales que asisten a la escuela en Canadá están exentos si asisten a una "institución de aprendizaje designada".
Además, deberían haber presentado sus impuestos durante cinco años antes de realizar la compra, vivido en Canadá durante 244 días por cada uno de los cinco años anteriores, no haber comprado una propiedad antes y están comprando una propiedad que cuesta menos de $500,000.
Además, si es un residente temporal que está trabajando en Canadá, puede comprar una casa si tiene un permiso de trabajo válido, ha trabajado en Canadá durante tres de los cuatro años antes de comprar la propiedad, ha presentado sus impuestos y no ha comprado una propiedad anteriormente.
Los refugiados y solicitantes de refugio también están exentos si se les ha otorgado protección de refugiado, han presentado una solicitud elegible para protección de refugiado o tienen estatus de residente temporal.
¿A qué tipo de propiedad afecta esto?
Se trata de una prohibición de compra de "propiedad residencial" que se define como "edificaciones de hasta tres unidades de vivienda y partes de edificios, como casas adosadas o apartamentos de condominio".
Si alguien viola la ley y, como no canadiense, compra una propiedad residencial, podría estar sujeto a una multa de $10,000. Esto se aplica a cualquiera que, a sabiendas, también ayude a un no canadiense en su compra. Además, un tribunal puede incluso ordenar que se venda la propiedad comprada.
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