Violaciones masivas de derechos humanos, el debilitamiento del Estado de derecho, deterioro grave del acceso a la información pública. Todo esto es parte de un informe demoledor de Amnistía Internacional publicado hoy y donde se denuncia el preocupante deteriodo de los derechos humanos en El Salvador.
Desde el pasado marzo de 2022, el país vive en un estado de excepción con el objetivo, según el presidente, de acabar con las pandillas.
Según el informe de Amnistía Internacional, desde que empezó esta "guerra contra las pandillas" en total se han detenido a 74.000 presuntos pandilleros. La mayoría sin proceso judicial y sin pruebas. Además, el informe refleja que, actualmente hay más de 300 personas desaparecidas y casi 200 personas fallecidas bajo custodia policial.
"Es difícil saber exactamente cuántas personas son pandilleros y cuántos no. Precisamente, no hay información transparente y esa es una de las críticas que también estamos haciendo. Hay familias que ni siquiera saben a dónde se llevaron a sus familiares, dónde están, en qué condiciones están... Pudimos hablar con muchas personas que, efectivamente, no tenían vinculación con pandillas. Quizás tenían vinculación porque vivían en una zona similar, o por familiares. Incluso algunos habían sido denunciados anónimamente, sin saber el motivo", denuncia Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, en entrevista con RFI.
"La seguridad no puede conseguirse a costa de violar derechos humanos. Cuando se violan derechos humanos, también hay inseguridad para las personas. Cuando tú sustituyes la violencia de pandillas, por la violencia que comete el estado, en definitiva, estás continuando una situación de inseguridad. Estas detenciones masivas se producen muchas veces sin que haya ninguna justificación ni evidencia de una investigación previa, ni nada", explica.
El informe incluye no solo violaciones de derechos con el tema de la detención de supuestos pandilleros, también identifica vulneraciones a la libertad de expresión en el país, al derecho a la asociación y los derechos de las mujeres.
Tres misiones de investigación y 83 entrevistas de la organización internacional han determinado que detrás del velo de popularidad del sistema bukele, El Salvador vive una de sus peores crisis democráticas desde el fin de la guerra civil entre 1980 y 1992.
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