Canadá alcanzó el año pasado su nivel anual más alto de deportaciones en aproximadamente una década, alimentado sobre todo por las deportaciones de personas cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas, según muestran datos obtenidos por Reuters.
A fines de noviembre, las cifras de deportaciones de Canadá habían alcanzado su punto más alto desde al menos 2015, cuando los liberales gobernantes liderados por el primer ministro Justin Trudeau llegaron al poder. El gobierno también ha presupuestado más dinero para las deportaciones este año.
El gobierno de Trudeau, ahora en sus últimos días, ha tratado de mostrar a los canadienses que está adoptando una postura dura con la inmigración en medio de una creciente acumulación de solicitudes de asilo y una reacción negativa contra los inmigrantes por las preocupaciones de que la inmigración esté agravando la escasez de viviendas.
Reuters solicitó a la agencia fronteriza datos sobre las deportaciones, excluyendo a las personas que se fueron por voluntad propia.
El total restante muestra que Canadá deportó a 7.300 personas entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2024, un aumento del 8,4% con respecto a todo 2023 y un aumento del 95 por ciento con respecto a 2022.
Alrededor del 79% de las 7.300 personas deportadas en los primeros 11 meses del año pasado fueron deportadas porque su solicitud de condición de refugiado había sido rechazada. Esto supone un aumento respecto del 75% en 2023 y el 66 por ciento en 2022.
Alrededor del 11% de las personas deportadas el año pasado hasta el 19 de noviembre fueron expulsadas por incumplimiento de las condiciones de su estancia en Canadá no relacionadas con una solicitud de asilo, por ejemplo, por quedarse más tiempo del permitido por su visa. Alrededor del 7% fueron deportadas porque habían cometido un delito en Canadá o en otro lugar.
El número de personas que pueden ser deportadas podría aumentar este año.
Canadá está reduciendo el número de inmigrantes temporales y permanentes y parte de su plan depende de que más de 1,2 millones de residentes temporales, incluidos trabajadores y estudiantes, abandonen el país el próximo año, y otros 1,1 millones lo hagan el año siguiente, según cifras del gobierno.
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