Hoy se inicia una impugnación por inconstitucionales en contra de la controversial ley de Ontario que permite a los hospitales enviar a los pacientes dados de alta a residencias de cuidados prolongados, no elegidas por ellos, o hacerles pagar 400 dólares diarios si se niegan.
La intención original de esta ley, conocida como Ley 7 o la Legislación para más camas, era desocupar camas que estaban siendo usadas por personas que necesitan cierto nivel de atención, pero no a nivel hospitalario
Pero el Centro de Defensa para los Adultos Mayores y la Coalición de Salud de Ontario sostienen que la ley, viola la Carta de Derechos y Libertades.
Recordamos que la ley fue aprobada en septiembre de 2022 en cuestión de días, pasando por alto las audiencias públicas.
La ley permite a los coordinadores de hospitalización elegir una residencia de ancianos para un paciente que, a juicio de un médico, requiera un «nivel alternativo de atención» (ALC, por sus siglas en inglés) sin su consentimiento.
También pueden compartir la información sanitaria del paciente con esas residencias sin consentimiento. Los pacientes también pueden ser enviados a residencias de ancianos situadas hasta a 70 kilómetros de su lugar preferido en el sur de Ontario y hasta a 150 kilómetros en el norte de Ontario. La ley provocó la indignación de las personas mayores.
Uno de los puntos centrales que abordará el tribunal es si la nueva ley ha cumplido su propósito al mejorar el flujo de pacientes y a desocupar camas de hospital. Los documentos presentados ante el tribunal revelan que ambas partes han llegado a conclusiones diferentes sobre esta cuestión.
En sus argumentos presentados ante el tribunal, las organizaciones que se oponen al proyecto de ley 7 afirman que no ha tenido el efecto previsto de reducir el número de los llamados pacientes ALC, o que requieren un nivel alternativo de atención. Señalan que, según datos de Ontario Health, el número de estos pacientes ha aumentado un 30% más de un año después de la entrada en vigor de la ley.
Según los documentos judiciales, a finales de enero había unos 2.300 pacientes dados de alta esperando en el hospital una plaza en una residencia.
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