La administración del presidente Joe Biden impuso sanciones contra miembros del gobierno de Venezuela, entre ellos integrantes del gabinete ministerial y de las fuerzas de seguridad vinculados con tácticas represivas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, anunciaron altos funcionarios del gobierno estadounidenses este miércoles.
El Departamento del Tesoro sancionó a 21 funcionarios de seguridad y de gabinete alineados con el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que han incurrido en actos “antidemocráticos”, entre ellos 15 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la milicia bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM).
Las personas sancionadas son: Rúben Santiago Servigna, comandante general de la GNB; Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo de Cabello; Javier Marcano Tabata, director de la DGCIM y Orlando Romero Bolívar, comandante de la Milicia Bolivariana.
También Daniella Cabello, presidenta de la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones e hija del ministro de Interior y Justicia; Aníbal Coronado, ministro de la oficina de Maduro; William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo; Ricardo Menendez, vicepresidente de Planificación; Freddy Ñañez, ministro de Comunicaciones; Julio Zerpa, ministro de Servicios Penitenciarios y América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
“Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedad de las personas designadas, y de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, 50% o más de ellas, individualmente o con otras personas bloqueadas, que se encuentren en EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportadas a la OFAC”, precisó una funcionaria.
Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen ciertas transacciones o actividades con las entidades e individuos sancionados “pueden exponerse a sanciones o estar sujetas a una acción coercitiva”.
El Departamento de Estado, además, impuso nuevas restricciones de visa a un número significativo de funcionarios que "socavaron" el más reciente proceso electoral en Venezuela.
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