Este es un caso que inició a finales del 2022, pero fue en el 2023 cuando estalló y el premier Doug Ford se vio obligado dar marcha atrás, después de dos informes devastadores y la renuncia de 3 de sus funcionarios.
El gobierno de Ford había anunciado el retiro de casi tres mil hectáreas del cinturón verde de Ontario para dedicarlo al desarrollo inmobiliario, específicamente la construcción de 50 mil viviendas.
Sin embargo pronto empezaron a aparecer reportes de que desarrolladores favorecidos con el retiro de las tierras compraron poco antes del anuncio, levantando la sospecha de que pudieron haber sido avisados previamente.
Por eso tanto el comisionado de integridad como la auditora general anunciaron que realizarían investigaciones cada uno por separado.
El primera en salir fue la de la auditora general Bonnie Lysyk, que concluyó que efectivamente desarrolladores habían sido favorecidos:
El informe de la auditora señala al jefe de gabinete del ministerio de vivienda, Ryan Amato, como la persona que tuvo el contacto y decidió unilateralmente cuáles terrenos serían abiertos.
Ford y el Ministro de Vivienda Steve Clark lo defendieron, y el premier se responsabilizó del proceso:
Pero los cuestionamientos fueron creciendo y Amato terminó renunciando pocos días después. La RCMP decidió tomar el caso y abrir una investigación penal.
El segundo informe en salir fue el del Comisionado de Integridad y en el se concluyó que el ministro de vivienda había violado la ley de integridad de los miembros ya debía tener conocimiento de lo que hacía su jefe de gabinete. Ford también defendió a Clarck, quien días después también renunció.
El 21 de septiembre Ford anunció que estaba reintegrando los terrenos que fueron removidos del GreenBelt y aseguró que no volvería a intentar modificar sus límites. Todavía está pendiente el resultado de la investigación de la RCMP.
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