El presidente Joe Biden se dispone a implementar uno de los programas migratorios para indocumentados más abarcadores de su administración. A través de un nuevo proceso, los inmigrantes irregulares que estén casados con un ciudadano estadounidense podrán aplicar a la residencia sin salir del país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), comenzará a implementar a finales del verano de este año un proceso que “asegurará que los ciudadanos estadounidenses y sus parejas no ciudadanas, así como sus hijos, puedan mantener a su familia unida”.
Funcionarios de alto rango de la administración detallaron que se considerarán “caso a caso” las solicitudes de “ciertas” personas que “cumplan con los requerimientos específicos” para participar del proceso.
La medida podría beneficiar a más de medio millón de inmigrantes, según altos funcionarios de la administración.
Quienes sean aprobados, tendrán acceso a un permiso de permanencia temporal en el país por tres años para que en ese tiempo inicien el proceso de solicitud de residencia permanente. Durante ese tiempo, serían elegibles para permisos de trabajo.
Aunque no detallaron cuánto tomaría el proceso, los funcionarios aseguraron que “el propósito es asegurar que una vez tengan el permiso de permanencia temporal, pueden solicitar un ajuste de estatus desde EEUU con sus familias”.
Actualmente, los inmigrantes indocumentados que estén casados con un ciudadano estadounidense primero deben salir de EEUU hacia su país de origen para solicitar la residencia permanente a través de un proceso consular que puede tomar décadas, y que separa a las familias por un tiempo indefinido.
Los cónyuges de un ciudadano estadounidense que busquen regularizar su estatus tendrán que haber entrado irregularmente a EEUU, es decir, sin haber recibido un parole o admisión en algún puerto de entrada.
Tendrán que haber cumplido 10 años de estancia en el país antes del 17 de junio de 2024, y también estar casados con la persona ciudadana antes de esa fecha. Además, no deben representar una amenaza para la seguridad pública del país.
No serán elegibles quienes hayan sido deportados anteriormente y regresaron irregularmente al país.
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