Imputado y bajo control judicial. En esta situación ha dejado la justicia francesa al fundador de Telegram, Pavel Durov, de origen ruso, detenido el pasado sábado en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de París, al acusarlo de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada.
Los jueces de instrucción lo imputaron por "complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita, en banda organizada", castigado con hasta 10 años de cárcel. Entre los otros delitos imputados figuran el rechazo a cooperar con las autoridades en las interceptaciones autorizadas por la ley y blanqueo de crímenes en banda organizada.
Los magistrados también lo investigan por "complicidad" en la distribución de imágenes de pornografía infantil, narcotráfico, estafa en banda organizada y asociación de malhechores para cometer delitos, entre otros.
La compañía ya aseguró tras la detención que "cumple las leyes de la Unión Europea" y que "es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos". "Es totalmente absurdo pensar que el responsable de una red social" como Pavel Durov, "pueda estar involucrado en hechos criminales" que serían cometidos a través de su mensajería, declaró su abogado, David-Olivier Kaminski, en el tribunal de París. "Telegram está conforme en todos los puntos a las reglas europeas sobre lo digital, es moderador con las normas idénticas a las otras redes sociales", reiteró el abogado, que defiende con su colega Julia Bettach a Durov.
Telegram, que cuenta con 900 millones de usuarios, se ha posicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses, criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios. La mensajería cifrada, que defiende la confidencialidad, desempeña un papel clave en el contexto de la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y es usada activamente por políticos y observadores de ambos bandos.
Pero sus detractores acusan a Telegram de albergar contenidos a menudo ilegales, desde imágenes sexuales extremas a desinformación, pasando por servicios de compra de drogas.
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