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Foto del escritorArturo Bolívar

La oposición pide investigar los planes del gobierno de Ford

Los tres líderes de la oposición de Ontario firmaron conjuntamente una carta solicitando a la Auditora General Bonnie Lysyk que realice una auditoría de valor por dinero y una evaluación de impacto ambiental de la decisión del gobierno de Ford de abrir tierras del Greenbelt para el desarrollo.


“Dada la gran probabilidad de impactos negativos en el medio ambiente, solicitamos a su oficina que investigue el impacto ambiental de la eliminación de estas tierras del Greenbelt en los sistemas agrícolas y naturales”, dice la carta firmada por la líder entrante del NDP Marit Stiles, el líder liberal interino John Fraser y el líder del Partido Verde, Mike Schreiner.


“Además, estamos solicitando una auditoría de valor por dinero que investigue cuánto patrimonio público se ha transferido a los propietarios y si estas transacciones de tierras son de interés público”.


Esta mañana los periodistas le preguntaron al Premier Doug Ford sobre la petición de los líderes de la oposición para que lo investiguen:



Yo he sido muy transparente y al final del día lo que necesitamos son más viviendas, vamos a recibir cerca de 300 mil personas en el próximo año o dos, que estarán llegando a la provincia. Pero en el área del gran Toronto, conversando con el alcalde, serán cerca de 800 mil personas para el 2050, así que tenemos que seguir construyendo casas.

A fines del año pasado, el gobierno de Ford reveló que 7,400 acres de tierra serían removidos del Cinturón Verde y convertidos en desarrollos de viviendas. El gobierno también propone agregar 9,400 acres a diferentes áreas, haciendo que la huella general del Greenbelt sea 2,000 acres más grande.


El problema es que algunos desarrolladores compraron acres de tierra existente en Greenbelt en septiembre, semanas antes de que el gobierno anunciara su plan para abrir esa propiedad para el desarrollo.


El gobierno de Ford ha negado previamente cualquier irregularidad en este tema y dice que la medida para permitir el desarrollo es necesaria para alcanzar su objetivo de construir 1,5 millones de viviendas en los próximos 10 años.

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